A 50 años de la dictadura cívico-militar argentina (1976-1983)

Telegrama de la Embajada de los EEUU en Buenos Aires sobre la Noche de las Corbatas, desclasificado por el Departamento de Estado.

Durante la última dictadura cívico‑militar argentina (1976‑1983), la práctica de la abogacía se desarrolló en un escenario en el que el orden jurídico formal seguía existiendo, pero había sido progresivamente vaciado de su contenido ético y democrático. El Estado de Derecho no fue abolido de manera explícita: tribunales, juzgados y estudios jurídicos continuaron funcionando, y la legalidad conservó una apariencia de normalidad institucional. Sin embargo, el sistema estaba atravesado por un poder de facto que excluía de la legalidad a una parte de la población, aquella definida como enemiga interna.

En ese contexto, para muchos abogados la pregunta central dejó de ser cómo aplicar la ley con justicia y pasó a ser cómo sobrevivir profesional y personalmente sin convertirse en víctima directa del terrorismo de Estado.

La ética profesional, entendida como compromiso con el debido proceso, la defensa y la dignidad humana, entró entonces en una tensión extrema con la autopreservación. Esa tensión no fue abstracta ni meramente teórica, sino que tuvo consecuencias concretas: persecuciones, detenciones ilegales, exilios forzados y desapariciones de colegas que ejercieron su profesión de modo coherente con esos principios. La escala de valores tradicionales de la abogacía se vio así forzada a reorganizarse bajo la amenaza constante de la violencia estatal.

Hubo abogados que decidieron sostener una ética de resistencia. Continuaron presentando recursos de hábeas corpus aun sabiendo que serían rechazados de manera sistemática, acompañaron a familiares de personas desaparecidas, defendieron presos políticos y dejaron constancia escrita de las violaciones a los derechos humanos. Para ellos, la lealtad principal no estaba puesta en el poder ni en la legalidad formal de los decretos de la dictadura, sino en una concepción más profunda de justicia. Sabían que el sistema judicial no respondería eficazmente, pero entendían que su obligación ética consistía en insistir, documentar y producir memoria jurídica. Muchos pagaron esa decisión con su vida o con la pérdida de su libertad¹.

La mayoría de los abogados, sin embargo, adoptó una postura de retraimiento. No participaron activamente de la represión, pero tampoco la enfrentaron de manera abierta. Se refugiaron en áreas del derecho consideradas “no políticas”, evitaron causas sensibles y eligieron el silencio como estrategia de supervivencia. Esta actitud no puede leerse de forma simplista como complicidad consciente, pero tampoco puede desligarse de sus efectos sociales. El silencio profesional contribuyó a la naturalización del terror y a que lo excepcional se volviera cotidiano. En ese repliegue, la ética se replegó al ámbito privado y el derecho fue concebido como una técnica neutral, separada de la realidad social que lo atravesaba.

También existió un sector de la abogacía que colaboró de manera directa con el régimen. Abogados que asesoraron a las Fuerzas Armadas, funcionarios judiciales que rechazaron sin análisis miles de recursos de amparo y operadores jurídicos que avalaron detenciones ilegales y construyeron una apariencia de legalidad alrededor de prácticas criminales. En estos casos, la escala de valores se invirtió de manera explícita: la obediencia al poder fue priorizada por encima de la justicia, y el lenguaje jurídico se utilizó para legitimar la violencia estatal. El derecho, que debía haber funcionado como límite, se transformó en un instrumento de encubrimiento.

Lo que vuelve especialmente complejo el análisis ético de este período es que la dictadura no eliminó la figura del abogado ni suspendió formalmente su rol. Por el contrario, necesitó de profesionales del derecho para sostener una fachada institucional. Esto colocó a cada abogado frente a una decisión íntima y concreta: aceptar esa normalidad ficticia, resistirla o poner sus conocimientos al servicio del régimen. No todos partían de las mismas posibilidades ni enfrentaban los mismos riesgos, pero todos actuaban dentro de un sistema que exigía una redefinición forzada de los valores profesionales.

Con el retorno de la democracia, este debate reapareció con fuerza. No solo en los juicios a las Juntas y en los procesos posteriores por delitos de lesa humanidad, sino también dentro de la propia profesión jurídica. Se comenzó a revisar el papel de jueces, fiscales y abogados, a discutir hasta qué punto el silencio podía considerarse neutralidad y dónde comenzaba la responsabilidad ética individual. La experiencia de la dictadura dejó así una marca profunda en la abogacía argentina: la conciencia de que el derecho puede ser utilizado tanto para proteger como para destruir, y de que la ética profesional no es un adorno abstracto, sino un posicionamiento frente al poder.

A partir de esa historia, hoy es posible trazar un paralelismo con el período que atraviesa la Argentina, aunque con una aclaración fundamental desde el inicio: no se trata de un paralelismo de formas, sino de tensiones éticas. El neoliberalismo contemporáneo no opera mediante el terror estatal abierto ni la suspensión del orden constitucional, como ocurrió durante la dictadura, pero sí genera condiciones estructurales que vuelven a poner en crisis la ética profesional de la abogacía, de un modo más sutil, legalizado y socialmente aceptado.

Durante la dictadura, el dilema era brutal y explícito: obedecer un poder ilegítimo, resistirlo poniendo el cuerpo o callar para sobrevivir. En la actualidad, bajo el avance de lógicas neoliberales, el dilema adopta otra forma, aunque no es menos profundo: aceptar un derecho cada vez más mercantilizado, tecnocrático y funcional a los intereses del mercado, o sostener una práctica jurídica orientada por la igualdad, los derechos y la justicia social. La coerción ya no es predominantemente física; es económica, simbólica y profesional.

En este nuevo escenario, el derecho no se vacía por la fuerza, sino por la forma. Las leyes existen, los tribunales “funcionan” y el discurso de la legalidad permanece intacto, pero el contenido ético del derecho se reconfigura progresivamente. La figura del abogado como garante de derechos tiende a ser desplazada por la del abogado como gestor eficiente, operador técnico o facilitador de intereses económicos. La ética profesional ya no se pone a prueba frente al miedo a desaparecer, sino frente a la promesa de éxito, estabilidad y reconocimiento dentro de un sistema que premia la adaptación y penaliza la disidencia.

El paralelismo se manifiesta con claridad en la naturalización de una legalidad injusta. Así como durante la dictadura muchos operadores jurídicos se acostumbraron a rechazar hábeas corpus “porque no había nada que hacer”, hoy resulta habitual aceptar desalojos masivos, precarización laboral, exclusión del acceso a la vivienda o mercantilización de la salud como meras “consecuencias legales” de normas vigentes. El conflicto ético se diluye bajo el argumento de que el abogado “solo aplica la ley”, reproduciendo una separación entre derecho y justicia cuyos efectos ya han resultado históricamente devastadores.

Asimismo, se observa un desplazamiento del conflicto hacia la responsabilidad individual. Durante la dictadura, el terror fragmentó la acción colectiva; bajo el neoliberalismo, la competencia permanente y la lógica del mérito cumplen una función comparable. El abogado es interpelado como emprendedor de sí mismo, responsable exclusivo de su éxito o fracaso, lo que debilita los lazos solidarios y las prácticas colectivas de defensa de derechos. En ese contexto, comprometerse con causas estructurales —laborales, sociales, ambientales o de derechos humanos— aparece como un riesgo profesional o una anomalía.

Sin embargo, existe una diferencia fundamental que impide equiparar ambos períodos. Hoy rige un marco democrático que habilita, al menos formalmente, la crítica, la organización y la acción colectiva. La ética de la abogacía no está clausurada por la represión directa, sino desafiada por la normalidad del mercado. Esto vuelve el problema más complejo: no se trata de enfrentar un enemigo claramente identificable, sino de resistir una racionalidad que se presenta como técnica, neutral e inevitable.

En este sentido, el paralelismo más profundo no reside en los contextos políticos, sino en la pregunta que vuelve a emerger: ¿qué hace un abogado cuando la ley existe, pero produce desigualdad sistemática? La dictadura mostró lo que ocurre cuando el derecho se pone al servicio del poder autoritario; el neoliberalismo revela los efectos de su subordinación al mercado. En ambos casos, la escala de valores éticos de la profesión corre el riesgo de vaciarse si se resigna a ser mera funcionalidad.

La historia reciente argentina deja así una enseñanza que sigue vigente: la neutralidad absoluta en el ejercicio del derecho es una ficción. Todo abogado, aun cuando no lo declare, actúa desde una determinada escala de valores. Bajo la dictadura, esa escala se definía en situaciones extremas; hoy se manifiesta en decisiones cotidianas, en las causas que se aceptan, en las que se rechazan, y en las injusticias que se consideran normales o intolerables.

Más que una repetición del pasado, el avance del neoliberalismo plantea una nueva forma de interpelación ética, menos visible y menos dramática, pero persistente. La pregunta ya no es si el abogado se enfrenta o no a un régimen de facto, sino si acepta que el derecho se convierta en un instrumento de exclusión legalizada, o si asume que su responsabilidad profesional incluye, de manera ineludible, una dimensión ética y social. En ese punto, el paralelismo con la dictadura no es histórico, sino moral: en ambos momentos, el derecho vuelve a exigir que quienes lo ejercen decidan si lo practican como técnica obediente o como compromiso con la dignidad humana.

Federico Muraro, 24/03/2026

¹ La llamada Noche de las Corbatas (1977), en Mar del Plata, donde varios abogados laboralistas fueron secuestrados y asesinados, simboliza de modo trágico el costo que podía implicar sostener esa escala de valores.