Avanza el decomiso de bienes del narcotráfico

En un juicio que culminó hace en abril del corriente año, en la provincia de Corrientes, el fiscal federal Carlos Schaefer pidió el decomiso de dos estancias cerca de Santo Tomé que tienen una superficie de 7.400 hectáreas. En el banquillo, estaban sentados once personas que integran una banda que traficaba cocaína desde Bolivia con avionetas que aterrizaban en las estancias Santa Úrsula y Santa María del Aguapey, cuya propietaria es María Hilda Calabrese, una mujer de 60 años que heredó el campo y lo arrendó a un brasileño que comandaba la organización narco.

La decisión de los jueces del Tribunal Oral Federal (TOF) sorprendió hasta al propio fiscal, que pidió el decomiso de las dos estancias convencido de que los magistrados lo iban a ignorar. Ahora, el Estado nacional debe decidir qué hace con dos campos de 7.400 hectáreas. Una propuesta es que se construya un centro de entrenamiento de Gendarmería para la lucha contra el narcotráfico.

A la par, en Salta los fiscales federales José Luis Bruno y Carlos Amad y la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), a cargo de Diego Iglesias, pidieron el 10 de marzo pasado al secretario de Fronteras del Ministerio de Seguridad, Luis Green, que elabore un proyecto para darles “un fin social” a las 18.000 hectáreas que la Justicia Federal le decomisó a Delfín Castedo, acusado de asesinato, lavado de dinero y narcotráfico, que fue detenido en junio pasado tras estar más de diez años prófugo.

Fuentes de la Justicia Federal y del Ministerio de Seguridad de la Nación señalan que se está alentando a los magistrados a que decomisen bienes de los narcotraficantes, para romper con la cadena de financiamiento que muchas veces sigue funcionando aunque estén presos.

Por ahora, son decisiones judiciales aisladas, pero está previsto que este año se apruebe en el Senado de la Nación la ley de extinción de dominio, que tiene media sanción en diputados. El cronograma electoral demora este tipo de debates importantes en un año en el que el Parlamento casi no funciona.

Santa Fe fue pionera en este tema luego de que la Legislatura santafesina sancionara el 22 de septiembre de 2016 la ley de decomiso de bienes provenientes del delito. Santa Fe se convirtió en la primera provincia argentina en contar con esta herramienta importantísima en la “lucha contra el crimen organizado”.

Cinco meses antes de que se sancionara la ley, los jueces de Sentencia, Eduardo Fertita, Luis Mascali y Julio Kesuani ordenaron el decomiso de bienes pertenecientes a la banda de los Monos. El fallo afectó a 55 autos y siete propiedades, entre ellas una mansión en la localidad de Pérez. También les quitaron cinco chapas de taxis que estaban en su poder.

La Justicia actuó con cierta premura ante este caso, que tuvo un fuerte impacto mediático. Pero de lo que no hay novedades aún es cuál será el destino de los bienes que el Estado les sacó a los Cantero. Una de las iniciativas más creativas era convertir esa mansión y haras en Pérez en un espacio para la recuperación de adictos a las drogas. Sería como el cierre de un círculo.

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