Balance de una década de políticas de drogas - Informe sombra de la sociedad civil
Objetivo del Informe sombra
“Balance de una década de políticas de drogas - Informe sombra de la sociedad civil” evalúa las repercusiones de las políticas de drogas aplicadas en todo el mundo durante los últimos 10 años, utilizando datos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y complementándolos con estudios académicos revisados por pares e informes de literatura gris de la sociedad civil. La importancia del papel de la sociedad civil en la concepción, la aplicación, la supervisión y la evaluación de las políticas mundiales sobre drogas se reconoce en la Declaración Política y el Plan de Acción de 2009 en este ámbito, así como en el documento final del período extraordinario de sesiones de la Asamblea General de la ONU (UNGASS) sobre drogas de 2016. Es con este espíritu con el que el Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas (IDPC) ha elaborado este Informe sombra, con miras a contribuir de manera constructiva a los debates de alto nivel sobre las políticas mundiales en materia de drogas para la próxima década.
Conclusión
Los objetivos y compromisos asumidos en la Declaración Política y el Plan de Acción de 2009 no se han alcanzado y, en muchos casos, se han traducido en políticas contraproducentes. El Informe sombra también plantea una serie de cuestiones sobre la evaluación de las políticas globales de drogas, tanto en el pasado como en el futuro. En primer lugar, el Informe destaca la necesidad urgente de llevar a cabo investigaciones más pormenorizadas y periódicas sobre el abanico más amplio de consecuencias de las políticas de drogas a escala local, nacional, regional e internacional.
En segundo lugar, y relacionado con el punto anterior, el Informe pone en tela de juicio las fuentes de datos que se utilizan actualmente para elaborar las evaluaciones formales, que se basan, en gran medida, en los informes presentados por los Gobiernos. Para dibujar un panorama más completo y equilibrado de la situación, es imprescindible incorporar a la sociedad civil y estudios académicos. Esto resulta de especial importancia en lo que atañe a temas delicados relacionados con la política de drogas y los derechos humanos.
Y, en tercer lugar, la falta de avances alcanzados hacia el logro de los objetivos de un mundo sin drogas, acompañado de las consecuencias negativas asociadas con las medidas para cumplir dichos objetivos, supone que los Estados Miembros deben reflexionar sobre qué medir. Es evidente que dedicarse de forma exclusiva a medir la escala del mercado ilegal no basta para comprender los efectos de la política de drogas en los compromisos fundamentales que asume la Carta de la ONU con respecto a la salud, los derechos humanos, el desarrollo, la paz y la seguridad. La tercera sección del Informe sombra pretende ofrecer algunas recomendaciones que esperamos que brinden un punto de partida útil para seguir debatiendo qué objetivos y sistemas de medición se podrían estudiar para la estrategia mundial de drogas a partir de 2019.
Recomendaciones
Para los preparativos que culminarán con la serie de sesiones a nivel ministerial de 2019, la red del IDPC formula las recomendaciones siguientes:
La comunidad internacional debería estudiar la posibilidad de adoptar metas y objetivos más significativos, en sintonía con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, el documento final de la UNGASS y los compromisos internacionales sobre derechos humanos, y abandonar los objetivos que persiguen eliminar el mercado ilegal de drogas.
A partir de 2019, los Estados Miembros deberían reflexionar en profundidad sobre los efectos que tienen las políticas de drogas en los objetivos de la ONU de promover la salud, los derechos humanos, el desarrollo, la paz y la seguridad, y adoptar políticas y estrategias en materia de drogas que contribuyan activamente al cumplimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible, en especial para las personas más marginadas y vulnerables.
Los debates mundiales sobre políticas de drogas deberían reflejar las realidades de dichas políticas sobre el terreno, tanto positivas como negativas, y examinar de forma constructiva las tensiones que se derivan de los tratados de fiscalización internacional de drogas de la ONU y cualquier preocupación en el ámbito de los derechos humanos asociada con las medidas de control de drogas.
Después de 2019, los Estados Miembros de la ONU deberían poner fin a los planteamientos punitivos frente al control de drogas y anteponer a las personas y las comunidades. Para ello, entre otras cosas, se debe promover y facilitar la participación de la sociedad civil y de las comunidades afectadas en todas las facetas de la concepción, la aplicación, la evaluación y la supervisión de las políticas de drogas.
