Reporte del International Drug Policy Consortium sobre la guerra contra las drogas
El International Drug Policy Consortium (IDPC) es una red mundial integrada por 173 ONG que está especializada en cuestiones relacionadas con el uso y la producción de drogas fiscalizadas.
Dicha red se basa en 5 principios desarrollados en la Guía sobre Políticas de Drogas del IDPC, que los miembros han adoptado para desarrollar su trabajo de incidencia política con gobiernos nacionales y agencias internacionales. Estos principios son:
Las políticas de drogas se deberían desarrollar mediante una evaluación estructurada y objetiva de las prioridades y las pruebas empíricas.
Todas las actividades se deberían desplegar en plena conformidad con las normas internacionales de derechos humanos.
Las políticas de drogas deberían centrarse en reducir las consecuencias nocivas de las drogas y no en las dimensiones del consumo y los mercados de estas sustancias.
Las políticas y actividades deberían perseguir el fomento de la integración social de grupos marginalizados y no centrarse en medidas punitivas con respecto a ellos.
Los gobiernos deberían construir relaciones abiertas y constructivas con la sociedad civil para debatir y desarrollar sus estrategias.
El 21/10/2018 se publicó en el sitio web de dicha red un informe (BALANCE DE UNA DÉCADADE POLÍTICAS DE DROGAS - INFORME SOMBRA DE LA SOCIEDAD CIVIL) abordando la última década de "guerra contra las drogas". Estas son las conclusiones y recomendaciones a las que llega dicho documento:
Conclusión
Los objetivos y compromisos asumidos en la Declaración Política y el Plan de Acción de 2009 no se han alcanzado y, en muchos casos, se han traducido en políticas contraproducentes. El Informe sombra también plantea una serie de cuestiones sobre la evaluación de las políticas globales de drogas, tanto en el pasado como en el futuro. En primer lugar, el Informe destaca la necesidad urgente de llevar a cabo investigaciones más pormenorizadas y periódicas sobre el abanico más amplio de consecuencias de las políticas de drogas a escala local, nacional, regional e internacional.
En segundo lugar, y relacionado con el punto anterior, el Informe pone en tela de juicio las fuentes de datos que se utilizan actualmente para elaborar las evaluaciones formales, que se basan, en gran medida, en los informes presentados por los Gobiernos. Para dibujar un panorama más completo y equilibrado de la situación, es imprescindible incorporar a la sociedad civil y estudios académicos. Esto resulta de especial importancia en lo que atañe a temas delicados relacionados con la política de drogas y los derechos humanos.
Y, en tercer lugar, la falta de avances alcanzados hacia el logro de los objetivos de un mundo sin drogas, acompañado de las consecuencias negativas asociadas con las medidas para cumplir dichos objetivos, supone que los Estados Miembros deben reflexionar sobre qué medir. Es evidente que dedicarse de forma exclusiva a medir la escala del mercado ilegal no basta para comprender los efectos de la política de drogas en los compromisos fundamentales que asume la Carta de la ONU con respecto a la salud,los derechos humanos, el desarrollo, la paz y la seguridad. La tercera sección del Informe sombra pretende ofrecer algunas recomendaciones que esperamos que brinden un punto de partida útil para seguir debatiendo qué objetivos y sistemas de medición se podrían estudiar para la estrategia mundial de drogas a partir de 2019.
Recomendaciones
Para los preparativos que culminarán con la serie de sesiones a nivel ministerial de 2019, la red del IDPC formula las recomendaciones siguientes:
• La comunidad internacional debería estudiar la posibilidad de adoptar metas y objetivos más significativos, en sintonía con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, el documento final de la UNGASS y los compromisos internacionales sobre derechos humanos, y abandonar los objetivos que persiguen eliminar el mercado ilegal de drogas.
• A partir de 2019, los Estados Miembros deberían reflexionar en profundidad sobre los efectos que tienen las políticas de drogas en los objetivos de la ONU de promover la salud, los derechos humanos, el desarrollo, la paz y la seguridad, y adoptar políticas y estrategias en materia de drogas que contribuyan activamente al cumplimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en especial para las personas más marginadas y vulnerables.
• Los debates mundiales sobre políticas de drogas deberían reflejar las realidades de dichas políticas sobre el terreno, tanto positivas como negativas, y examinar de forma constructiva las tensiones que se derivan de los tratados de fiscalización internacional de drogas de la ONU y cualquier preocupación en el ámbito de los derechos humanos asociada con las medidas de control de drogas.
• Después de 2019, los Estados Miembros de la ONU deberían poner fin a los planteamientos punitivos frente al control de drogas y anteponer a las personas y las comunidades. Para ello, entre otras cosas, se debe promover y facilitar la participación de la sociedad civil y de las comunidades afectadas en todas las facetas de la concepción, la aplicación, la evaluación y la supervisión de las políticas de drogas.
Estas conclusiones y recomendaciones se formulan en función de los datos recolectados que entre otros incluyen:
En 2017, México tuvo su año con más homicidios jamás registrado debido a los crecientes niveles de violencia relacionadas con las drogas. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México reveló que en el año se registraron 31.174 homicidios, un incremento de 27% respecto a 2016.
Los esfuerzos de la ONU por eliminar el mercado ilegal de narcóticos para 2019 a través de una estrategia de "guerra contra las drogas" ha tenido un escaso efecto en la oferta global, mientras que ha tenido efectos negativos sobre la salud, los derechos humanos, la seguridad y el desarrollo.
De acuerdo con el reporte, las muertes relacionadas con el uso de drogas han aumentado 145% en la última década, con más de 71.000 sobredosis en Estados Unidos solo en 2017. Al menos 3.940 personas fueron ejecutadas por delitos relacionados con las drogas en el mundo en los últimos 10 años, mientras que redadas antidrogas en Filipinas resultaron en unas 270.000 ejecuciones extrajudiciales. A ello se agrega que 1 de cada 5 personas privadas de su libertad se encuentran por delitos relacionados con drogas y que esta prisionalización recae prioritariamente sobre los más vulnerables y, entre ellas, las mujeres.
Como dato al margen destaco que la semana pasada, Canadá se convirtió en el primer país del G7 de naciones industrializadas en legalizar el uso recreativo de la marihuana.
