Estadísticas Ejecución de la Pena 2017
Como todos los años, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos publicó el informe acerca de personas privadas de su libertad en establecimientos penitenciarios.
La información corresponde al total de la población detenida al día 31 de diciembre del 2017, en cada establecimiento de la República Argentina. La unidad de análisis son las personas alojadas en dichos establecimientos.
Algunos datos que vale la pena destacar:
En la Argentina hay 301 unidades de detención, siendo las jurisdicciones que más cárceles tienen el Servicio Penitenciario de la provincia de Buenos Aires con 54 y el Servicio Penitenciario Federal con 32 unidades.
Para esa fecha en la República Argentina había 85.283 personas privadas de libertad en unidades de detención, lo que implica una tasa de 194 cada 100.000 habitantes. Si a esta población le sumamos las 6.878 personas privadas de libertad en dependencias policiales o de fuerzas de seguridad informado por dichas instituciones (a excepción de las provincias de Corrientes y San Luis que no informaron), la cifra alcanza los 92.161, es decir una tasa de 209 cada 100.000 habitantes.
Desde la década del noventa existe una tendencia creciente en la población penitenciaria. Durante el año 2017 hubo un incremento del 12% en relación al período anterior, pero del 58% en relación al año 2006 y del 107% en relación al año 2001.
El 54,4% de las personas privadas de libertad tenían condena, lo que implica un incremento de casi un 3% respecto del porcentaje del año anterior. De esta manera, por segundo año se revierte una tendencia histórica donde siempre eran más de la mitad los detenidos que tenían proceso sin condena.
En términos generales, la población penitenciaria tiene una destacada presencia de jóvenes, de varones, de nacionalidad argentina y con un bajo nivel de escolarización. El 96% de los detenidos al 31 de diciembre de 2016 eran varones, el 94% eran argentinos, el 69% tenía estudios primarios o inferiores al momento de ingresar al establecimiento y el 60% tenía menos de 35 años de edad.
Siguiendo una tendencia histórica muy marcada, los principales delitos imputados a las personas privadas de libertad fueron robos (y tentativas de robos), infracción a la ley 23.737 de estupefacientes, homicidios dolosos y violaciones. El caso de infracción a la ley 23.737 muestra un perceptible incremento de un 17% en relación al año pasado, superando incluso por segunda vez en cantidad de imputados presos a aquellos que están por homicidios dolosos.
Hay que tener en cuenta que la distribución de delitos imputados en la población carcelaria no es equiparable a la distribución de la estadística general sobre delitos registrados por las policías de todo el país, en donde la presencia de homicidios e infracción a la ley 23.737 tiene índices menores en relación al resto de delitos. En otras palabras, si bien se registran, proporcionalmente en comparación con otros delitos, menos hechos ilícitos relacionados con homicidios y narcotráfico, hay una marcada tendencia en la justicia a incorporar al sistema penitenciario (como condenados o procesados) a personas detenidas por estos dos tipos de delitos que por los demás.
También se observa una tendencia a la imposición de condenas cada vez más elevadas lo que constituye una característica observada históricamente.
Se contabilizaron 175 casos de mujeres que viven con sus hijos en el establecimiento penal. Esta cifra es superior a la registrada en los últimos 8 años.
De acuerdo a lo informado por las unidades de detención, a nivel global había un promedio de 15% de sobrepoblación, es decir más del doble que lo informado el año 2015 (6,2% de sobrepoblación).
