Propuesta para aplicar la pena de muerte a los traficantes de opioides en EE.UU.

Como alguien mucho más inteligente que yo dijo alguna vez: “Locura es hacer lo mismo una y otra vez esperando obtener resultados diferentes”.

Washington (PL) La opción de aplicar la pena de muerte contra los traficantes de drogas aparece contemplada en el nuevo plan oficial de Estados Unidos para enfrentar el excesivo consumo de opioides en este país.

Al detallar la iniciativa contra la crisis de carácter nacional debido a dicha situación, el presidente Donald Trump abogó el pasado 19 de marzo por endurecer las leyes, e incluso acudir a la sentencia máxima. "Si no nos ponemos duros con los traficantes de drogas, estamos perdiendo el tiempo, y esa dureza incluye la pena de muerte", enfatizó el mandatario durante un discurso pronunciado en Manchester, Nuevo Hampshire. De acuerdo con fuentes oficiales, este estado representa el tercero más golpeado por la adicción a las referidas sustancias, después de Virginia Occidental y Ohio. Nunca antes Trump había viajado a Nuevo Hampshire como jefe de la Casa Blanca, y aprovechó la ocasión para detallar nuevas acciones de su gobierno en contra del problema. Puntualizó que parte de los esfuerzos se centrarán en intentar disminuir en un tercio durante los próximos tres años la cantidad de recetas de opiáceos que se expiden actualmente en toda la nación. Mencionó la posibilidad de establecer litigios a nivel federal contra algunas compañías farmacéuticas, aunque no especificó cuáles serían las posibles acciones legales. En este marzo, cinco médicos estadounidenses fueron acusados de aceptar centenares de miles de dólares en sobornos de una empresa farmacéutica para prescribir cantidades exageradas de fentanilo. Los galenos, residentes en Nueva York y quienes pueden recibir condenas de unos 20 años de cárcel, declaraban los ingresos como si fuesen honorarios por impartir conferencias, según el acta de acusación. Aunque el fiscal federal de Manhattan, Geoffrey Berman, no precisó su nombre, todos los detalles del caso corresponden a la compañía Insys Therapeutics, divulgaron informaciones periodísticas. En agosto último esa entidad, basada en Phoenix, Arizona, aceptó cooperar con la justicia y pagar 4,5 millones de dólares de multa tras ser acusada de prácticas fraudulentas a fin de promover su aerosol de fentanilo Subsys, en principio para los dolores vinculados al cáncer. Dos empleados de Insys Therapeutics se declararon culpables y participaron en la investigación que condujo al arresto de los médicos. Gordon Freedman, uno de los doctores y experto en el tratamiento del dolor, habría recibido más de 300 mil dólares en falsos honorarios a cambio de un aumento de sus prescripciones de dicho spray. Sus colegas Jeffrey Goldstein, Todd Schlifstein, Dialecti Voudouris y Alexandru Burducea están acusados de tomar entre 68 mil y 196 mil dólares por los mismos fines. Reducir la demanda y la prescripción excesiva de opiáceos, cortar el flujo de drogas ilícitas y ampliar las oportunidades para acceder a tratamientos de la adicción son los tres pilares fundamentales del plan. Además, incorpora medidas como garantizar que los equipos de primeros auxilios cuenten con un medicamento para revertir los efectos del sobreconsumo de estupefacientes. Por otra parte, en el discurso en Nuevo Hampshire, el gobernante republicano insistió en su polémico objetivo de construir un muro en la frontera con México pues, aseguró, la mayor cantidad de sustancias ilegales entran a Estados Unidos desde el vecino país. Desde su campaña por llegar a la presidencia, Trump promueve la edificación de la barrera, lo cual acapara rechazo dentro y fuera de suelo norteamericano. Según la más reciente Encuesta Nacional sobre Consumo de Drogas y Salud, 948 mil estadounidenses utilizaron heroína y 2,1 millones 'abusaron de los opiáceos' en 2016. Asimismo, precisó la pesquisa, desde julio de ese año hasta septiembre de 2017, unas 142 mil personas llegaron a las salas de urgencia por sobredosis de opioides. En el contexto actual, algunos especialistas citados por la cadena CNN consideraron que la propuesta de condenar con la pena capital a narcotraficantes renueva la retórica fallida de la guerra contra las drogas en los años 80 del pasado siglo. No podemos ejecutar nuestra salida de esta epidemia, hablar sobre la pena de muerte me parece un paso atrás, manifestó el doctor Andrew Kolodny, codirector de un centro de lucha contra el consumo de opiáceos en la Universidad Brandeis, en Massachusetts. Guohua Li, profesor de epidemiología y anestesiología en la Universidad de Columbia, en Nueva York, también expresó dudas sobre la eficacia de la referida alternativa. La justicia penal puede desempeñar un papel complementario al abordar la crisis de los opiáceos, pero confiar en ese sistema para abordar los problemas de salud pública ha demostrado ser imprudente, costoso, ineficaz y a menudo contraproducente, acotó el experto. Como en las epidemias de ébola y zika, este mal se resolverá finalmente a través de un enfoque sanitario por profesionales del sector que trabajan en centros, departamentos e instituciones académicas en colaboración con agencias gubernamentales y organizaciones comunitarias, estimó Li. A su juicio, la acción del Gobierno para imponer penas más severas por los delitos de narcotráfico resulta comprensible y, si se implementa juiciosamente y con otras intervenciones más sustantivas e integrales, tiene posibilidades de ser eficaz. Sin embargo, advirtió que por sí solo el aumento de ese tipo de castigo tiene pocas probabilidades de un impacto significativo en la epidemia. Trump llamó el pasado 1 de marzo a vigorizar la lucha contra el desmedido consumo de opiáceos durante una reunión sobre el asunto en la Casa Blanca. "Debemos ser fuertes, actuar con dureza", indicó el gobernante, quien fustigó entonces a los traficantes de drogas. "Algunos matan a cientos y cientos de personas, y muchos de ellos ni siquiera van a la cárcel, pueden matar a miles y no les ocurre nada", criticó el jefe de Estado. Sostuvo que varias naciones tienen una pena muy dura, 'la más dura posible' contra los narcotraficantes, y presentan menos problemas con las drogas que Estados Unidos. En opinión de Trump, la actual situación no puede resolverse siendo débiles y creando comisiones sobre el impacto de la crisis. Unos 64 mil estadounidenses perdieron la vida por el consumo excesivo de drogas en 2016, y esa es la cifra más alta registrada en este país, recordó a finales de febrero último el fiscal general, Jeff Sessions. Añadió en una conferencia de prensa que los datos preliminares sugieren que el problema fue incluso peor el año pasado. Utilizamos opioides muchas veces más de lo que es médicamente necesario para una población de nuestro tamaño. Millones de estadounidenses viven con una adicción, recalcó. La gran mayoría de las muertes es el resultado de analgésicos recetados por opiáceos, heroína y nuevas drogas sintéticas letales, precisó. Subrayó que Estados Unidos consume gran cantidad de la hidrocodona del mundo y más del 80 por ciento de la oxicodona, dos de los opioides más utilizados como sedantes. Trump declaró el último 26 de octubre la crisis de opiáceos como una emergencia de salud pública y reconoció que su país constituye el mayor consumidor de esas sustancias en el mundo. Sin embargo, evitó calificar la situación de emergencia nacional, como dijo inicialmente que haría. A inicios de agosto último, la Agencia estadounidense encargada del enfrentamiento a las drogas sugirió reducir 20 por ciento la elaboración de opiáceos en 2018. Esa propuesta se refirió especialmente a la oxicodona, la codeína o metilmorfina, y el fentanilo, que son los fármacos más comunes dentro de dicha clasificación.