Decomiso anticipado de bienes provenientes del delito organizado y la administración de los mismos

En el día de la fecha (23/08/2018) el Senado de Argentina se encuentra tratando tres proyectos de recupero de bienes de delitos federales (corrupción, narcotráfico, etc.), Atento a ello reproduzco una nota de interés sobre la problemática planteada a partir del secuestro y decomiso de bienes provenientes del delito organizado y algunas reflexiones mías al respecto. En este sentido destaco que, si bien resulta fundamental para combatir el crimen organizado, avanzar sobre el secuestro y decomiso de dichos bienes; ello debe realizarse en forma planificada previendo una adecuada estructura para administrarlos.

Algunas aclaraciones previas: El secuestro es aquel que se dicta durante la sustanciación del proceso penal y es una medida cautelar que priva del uso de los bienes utilizados para la actividad delictiva o los adquiridos con fondos provenientes de la misma. El decomiso, por otro lado, es aquel que se dicta junto con la sentencia y queda firme cuando aquella adquiere el carácter de definitiva.

Entre la sustanciación y la sentencia definitiva suele transcurrir un lapso considerable. Mientras tanto los bienes secuestrados se deterioran por el paso del tiempo perdiendo su valor.

Actualmente existe dentro de la estructura del Estado la AABE (Agencia de Administración de Bienes del Estado) y el Registro Nacional de Bienes Secuestrados y Decomisados Durante el Proceso Penal, pero, ninguna de ambas reparticiones tiene la capacidad para administrar los bienes secuestrados hasta el dictado de una sentencia firme. Ello determina muchas veces el deterioro por el paso del tiempo de bienes que podrían ser utilizados en múltiples áreas (desde la lucha contra el delito hasta la prevención del narcotráfico y otras actividades ilícitas). Por ello resulta imprescindible articular con distintos sectores para evitar la descapitalización de los mismos (en algunos casos se trata simplemente de depositar las sumas secuestradas en un plazo fijo) y en otros casos asignar vehículos a las fuerzas de seguridad o establecer centro de tratamiento para adicciones en los inmuebles secuestrados. Esto se puede realizar mediante el instituto del depositario judicial. Los bienes son asegurados y se les da un uso que no implica su deterioro, sino su conservación para, en el caso de existir sentencia absolutoria, los mismos puedan ser devueltos a su dueño.

Esta "asignación precaria" se realiza teniendo en cuenta el principio de inocencia (toda persona es inocente hasta que no haya sentencia firme estableciendo lo contrario) y, consecuentemente, no se trata de proceder a la utilización de dichos bienes sin prever compensación alguna por dicho uso. Ello implica la necesidad de establecer una compensación por el uso de dichos bienes en caso de que la sentencia posteriormente dictada en el marco del proceso penal sea absolutoria. En algunos países, paralelamente a la causa penal, se despliega una acción judicial de derecho real en el marco de un proceso civil independiente y, en otros, en la misma causa penal mediante incidente. Se trata de acciones que tienden al decomiso anticipado de los bienes sospechados de provenir o ser el resultado de actividades ilícitas, hasta tanto se dicte sentencia definitiva.

Vale la pena destacar que el decomiso anticipado responde a los lineamientos internacionales previstos por el Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI, en las 40 Recomendaciones y Notas Interpretativas de 1990 que fueron ampliadas en 1996 y posteriormente en 2001 y 2003. Allí se establece que:

"Los países deben considerar la adopción de medidas que permitan que tales productos o instrumentos sean decomisados sin que se requiera de una condena penal (decomiso sin condena), o que exijan que el imputado demuestre el origen lícito de los bienes en cuestión que están sujetos a decomiso, en la medida en que este requisito sea compatible con los principios de sus legislaciones nacionales."

"Los países deben contar también con mecanismos eficaces para administrar dichos bienes, instrumentos o bienes de valor equivalente, así como acuerdos para coordinar procesos de embargo y decomiso, lo cual debe incluir la repartición de activos decomisados"

El decomiso anticipado se trata de una de las principales estrategias adoptadas a nivel global en los últimos 20 años para enfrentar la criminalidad económica compleja (narcotráfico, trata de personas, corrupción, terrorismo, etcétera), que se caracterizan por producir enormes ganancias.

Actualmente en Argentina existen distintos inconvenientes asociados con dichos bienes. Los mismos fueron reseñados en el Informe sobre Incautación y Decomiso de Bienes en el Proceso Penal elaborado por PROCUNAR en el año 2013. Allí se destacaba entre los inconvenientes actuales:

1.- Los valores secuestrados o incautados no son depositados en cuentas bancarias que generen una tasa pasiva preferencial para mantener el valor económico o invertidos en productos financieros de bajo riesgo: En la práctica, los operadores judiciales no recurren a herramientas financieras que conserven el poder adquisitivo de las sumas de dinero secuestradas/incautadas, y que tanto podrían ser destinados a la prevención y lucha contra el narcotráfico (en caso de sentencia condenatoria) o a preservar su integridad en caso de devolución al titular.

2.- No existe una cuenta bancaria especial que centralice la información de los valores secuestrados o incautados: de este modo se permitiría la fácil identificación y determinación del monto total a disposición de todos los juzgados por número causa y delitos investigados. Actualmente, las sumas de dinero se depositan en las cuentas bancarias de los juzgados, lo cual implica que haya tantas cuentas como juzgados o tribunales. Concretamente, no se sabe cuál es el valor de lo incautado por el Estado argentino.

3.- No existe un organismo especializado en la administración de los bienes incautados a fin de que los gestione de manera eficiente y rentable: Esta tarea se encuentra a cargo de cada juez, con la insuficiencia profesional y las dificultades prácticas que ello acarrea. No existe una base de datos informatizada con la nomenclatura de la causa judicial; el estado del proceso penal, su ubicación, estado de conservación del bien, entre otros ítems de elemental relevamiento. El modelo de un solo organismo para la administración de los bienes incautados, que es el que se recomienda, es el que siguen varios países de la región (Colombia, México, Bolivia, Honduras, Costa Rica, entre otros).

4.- No se cuenta con un presupuesto específico destinado al mantenimiento de los bienes incautados: Éstos sufren un deterioro importante debido a que generalmente se encuentran en depósito en pésimas condiciones, causando una pérdida constante de su valor. En el caso de los automotores, éstos representan un alto porcentaje de los bienes incautados y al finalizar el proceso –lo cual puede llevar varios años– se devuelve un bien: a) que se encuentra depreciado por la antigüedad del modelo del rodado, que determina una notable amortización ; b) respecto del cual no se ha velado por su correcta conservación; c) con deudas impositivas debido a la falta de pago que luego deberán ser soportados por quien, en definitiva, retenga el bien en cuestión

En nuestro país un proyecto de decomiso anticipado cuenta con media sanción de Diputados (24/06/2016), restando su tratamiento en el Senado de la Nación. En el mismo se establece la modificación del Código Civil y Comercial de la Nación para que la precedencia de la sentencia penal, respecto de la civil, tenga como excepción los casos en que se hubiera iniciado o pudiera iniciarse una acción de extinción de dominio. También se establece que el Estado promoverá la celebración de tratados y convenios internacionales de asistencia recíproca, tanto para facilitar la aplicación de la presente ley respecto de bienes que se encuentren en el extranjero como para prestar colaboración en procesos de extinción de dominio iniciados en otros países respecto de bienes ubicados en el territorio nacional. Por último, el proyecto crea la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y REMATE DE BIENES RECUPERADOS, que deberá administrar y rematar y vender de manera anticipada los bienes cuyo dominio hubiese sido extinguido y cuyo reglamento deberá prever criterios objetivos y transparentes para su asignación. Respecto de los bienes inmuebles – y para evitar la duplicación de funciones con organismos existentes-, dichas funciones serán ejercidas por la AGENCIA DE ADMINISTRACION DE BIENES DEL ESTADO, organismo descentralizado bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete de Ministros.

Dicho proyecto va ser indefectiblemente objeto de cuestionamientos de índole constitucional ya que, entre otras cosas, avanza sobre cuestiones procesales, en relación a los delitos no federales en relación a los cuales las provincias se han reservado para sí su jurisdicción, en el marco del artículo 75, inciso 12 de la Constitución. Espero que los senadores encuentren un punto de equilibrio entre la lucha contra la criminalidad económica organizada, los derechos fundamentales de las personas y el federalismo y que prevean la forma de administrar los bienes secuestrados y decomisados en forma racional teniendo en cuenta la experiencia de otros países (como Colombia sin ir más lejos) en la materia.

Federico Muraro

---

BIENES DE NARCOS REVIENTAN AL ESTADO

Por: JUAN ROBERTO VARGAS. Editor sección Justicia 7 de octubre de 2001, 05:00 am

Colombia no aguanta la administración de un bien más de los narcotraficantes. Ni los anillos, relojes, diamantes, lingotes de oro, dólares, marcos, pesetas o yenes, le han resultado rentables. Menos aún vacas, loros, lanchas, carros, motos, aviones, casaquintas, fincas, bodegas, garajes o locales. Por el contrario, el bolsillo de los colombianos está girando más de 25 mil millones de pesos cada año para mantenerlos, a medias, vigilarlos, en medio de robos permanentes y contabilizarlos, a partir de confusas actas judiciales, sostiene un estudio que tomó ocho meses a la Contraloría General de la República y que está ya en el Palacio de Nariño.

"El documento de registro dice que se decomisaron bolsas negras. Qué había adentro? Dólares, títulos, joyas... No se sabe. Lo único cierto es que el Estado tiene un acta en donde figuran bolsas negras como producto de un decomiso", deplora un investigador de la Contraloría.

El organismo diagnosticó que el desgreño administrativo, la falta de control y la ineficiencia absoluta en el manejo esos bienes, tocó fondo. Lo que encontramos es un caos total , dijo uno de los investigadores.

El país esta literalmente encartado con casi un millón de bienes decomisados a los narcos que están poniendo en grave peligro las finanzas de la Nación. Según la Contraloría, financieramente hablando el encarte que representan esos bienes es tan grave y complejo como la corrupción en el sector eléctrico, la ineficiencia en la destinación de los recursos a las regiones y los atentados dinamiteros a la infraestructura petrolera.

Solamente la Fiscalía se gastó el año pasado diez mil millones de pesos de su presupuesto administrando los bienes incautados a los narcos . Bienes que no se pueden vender ni utilizar porque los procesos judiciales se han eternizado sin que haya una decisión definitiva.

La inspección realizada en todas las entidades del Estado encargadas del tema revela que el país tiene en su poder 987.278 bienes, incautados a los narcotraficantes. Esas propiedades tienen un valor estimado en 292 mil millones de pesos, casi media reforma tributaria.

La falta de una política clara en el manejo, custodia, control y administración de los bienes incautados se puede constituir en un riesgo importante para las finanzas del Estado por cuanto, en el caso de tener que restituirlos, se vería enfrentado a millonarias demandas por indemnizaciones, lucro cesante y deficiente administración , señala el diagnóstico.

Casos negros. Hace 23 años la Dirección de Estupefacientes mantiene bajo incautación varias avionetas de supuestos narcotraficantes sin que se haya definido su situación jurídica. Según las actas, los aparatos se recibieron en buen estado. Hoy son inservibles.

De doce aeronaves, solamente tres están aseguradas y en funcionamiento. Las otras nueve están abandonadas en los hangares de la Policía Nacional que tiene que destinar dos millones de pesos mensuales para su custodia y administración.

El mismo desangre afecta al Ejército, La Fuerza Aérea, la Armada y el Departamento Administrativo de seguridad (DAS).

En la Fiscalía, mas de cinco mil vehículos incautados están convertidos en chatarra en parqueaderos de Bogotá, Cali y otras ciudades del país. Muchos llevan hasta diez años abandonados.

La Policía tiene a su cargo oficinas, garajes, apartamentos, casas, bodegas, locales, lotes, aviones, lanchas, automóviles, camiones, buses, tractores y motos. Según la Contraloría, esos bienes le representan la institución gastos de administración, mantenimiento y vigilancia que la tienen en serias dificultades financieras.

De 79 inmuebles manejados por la Dirección Antinarcóticos se han pagado 40 millones de pesos por concepto de impuesto predial pero por ese gravamen, la Policía ya debe 220 millones de pesos.

Una absurda paradoja que tiene también en aprietos al Ejército que hasta le fue entregado para su manejo y custodia, un avión Boeing 707 que terminó, según la Contraloría, irregularmente en manos de la Armada Nacional y que finalmente fue arrendado a una empresa privada.

El informe denuncia que la Dirección de Estupefacientes le entregó al Ejército vehículos decomisados, en perfecto estado. Luego de hacer el inventario se comprobó que están destruidos totalmente y lo que es peor: nunca fueron asegurados lo que implica que muchos de ellos, que deberán ser devueltos a sus dueños, tendrán que ser pagados por la Nación.

Cuentas que no cuadran. La auditoría de la Contraloría demostró que bienes inmuebles arrendados en Bogotá, Medellín y Cali, le representan a la Dirección de Estupefacientes ingresos por 13 mil 974 millones de pesos, pero cuando se verificaron las consignaciones, la entidad sólo había recibido 2.898 millones. Es decir, faltan 11.075 millones de pesos.

En el manejo de los bienes rurales la situación también es dramática. Se estableció que de los 1.562 bienes incautados en el campo, sólo el 1.9 por ciento reportó tener 11 mil semovientes entre vacas, caballos, cerdos y chivos que la Nación tiene que cuidar y alimentar.

El informe señala que los narcotraficantes tienen el 48 por ciento de las mejores tierras del país. Han comprado propiedades en 403 de los 1.039 municipios de Colombia. Sin embargo, la Contraloría comprobó que la Dirección de Estupefacientes sólo tiene incautadas 108 mil hectáreas a los narcotraficantes cuando los estimativos de los expertos señalan que podrían tener entre 8 y 9 millones de hectáreas de tierras fértiles.

Los reportes sobre incautaciones son tan inconsistentes que en Antioquia se registró el decomiso de cien animales que estaban en una finca de un presunto narcotraficante. Por su mantenimiento el Estado tuvo que destinar recursos. Cuando se hizo la verificación de qué animales se trataba, simplemente eran loros y pericos australianos.

El informe concluye con varias recomendaciones al Gobierno para hacer un revolcón en el manejo de los bienes incautados a los narcotraficantes y pide urgentemente agilizar los procesos judiciales.

Para un investigador de la Contraloría, la situación no podría ser más paradójica: "los pobres están pagando de su bolsillo el mantenimiento de los bienes de los narcos . Quién lo creyera .

Es un problema muy grande. Para el Director Nacional de Estupefacientes, Gabriel Merchán, la situación es dramática porque el Estado no ha medido la magnitud del problema que acarrea manejar los bienes incautados a los narcos.

Reveló que por presupuesto tiene 21 funcionarios para administrar casi 35 mil bienes. Es decir, a cada funcionario le corresponde vigilar casi dos mil , agregó.

Para Merchán, la solución a un problema grande tiene que ser de igual magnitud por eso el gobierno firmará con Estados Unidos un convenio que destina 4.5 millones de dólares del Plan Colombia para contratar una empresa de ese país experta en la administración de bienes incautados.

Antes de finalizar el año estará firmado el contrato que permitirá traer expertos estadounidenses que nos ayuden a montar la base de datos de todos los bienes y a elaborar la ficha de registro de cada uno, dijo el funcionario.

Precisó que cuando se haga el inventario se entregará la administración de hoteles, casas, fincas, ganado y carros a empresas y gremios privados colombianos para que los mantengan a cambio de un rendimiento que se merece el país por esos bienes producto del narcotráfico , puntualizó.

Fuente: El tiempo

#decomiso #guerracontralasdrogas #delitoorganizado