Brasil: otra vez sopa... en la guerra contra las drogas.
Tribunales militares en Brasil
Que la guerra contra las drogas tiene, entre otras consecuencias, efectos negativos en lo que hace a la vigencia del sistema democrático en los países donde la misma se aplica es indudable. Un claro ejemplo lo constituye la reforma la Ley Núm. 9.299/2016 de Brasil según la cual, las violaciones de derechos humanos cometidas por personal militar contra civiles serán juzgadas por un Tribunal Militar.
La iniciativa surge en momentos en que las fuerzas armadas han sido desplegadas para combatir el narcotráfico en las principales favelas, especialmente en las de Río de Janeiro, en coincidencia con la política criminal encarada por el presidente Temer de criminalizar el narcotráfico. Esto implica, lisa y llanamente la militarización de un tema de seguridad interna en el cual los militares no deberían tener injerencia alguna por no estar capacitados a tal efecto. Esta política es diametralmente opuesta a la implementada durante el gobierno de Inácio Lula da Silva, quien mediante la Ley nro. 11.343, se orientó hacia acciones de prevención garantizando medidas educativas, en lugar de penas para usuarios, y abriendo espacio para el cultivo de plantas para uso personal.
La militarización de un tema de seguridad interno como es el narcotráfico suele tener graves consecuencias para, en primer término, los sectores más marginados de la sociedad y, posteriormente, la sociedad en su conjunto. Nadie puede considerarse ajeno a sus consecuencias pues si bien inicialmente se afectan los derechos y las garantías de aquellos cuyas voces menos repercusión tienen en los medios masivos de comunicación (pobres, negros, jóvenes, mujeres y activistas sociales, entre otros), estos procesos se asemejan a una bola de nieve que va descendiendo por una montaña: a medida que comienza descender se va haciendo cada vez más grande y mas difícil de detener hasta terminar estrellándose contra los cimientos mismos del sistema democrático dando lugar a regímenes autoritarios (2).
Vale la pena preguntarse, una vez más, ¿qué se ha logrado mediante este tipo de políticas a lo largo de la vigencia de la guerra contra las drogas? Es que ya ni el impulsor original, EE.UU., parece adherir más a dicho paradigma habiendo adoptado paulativamente otras políticas tendientes a la reducción del daño, despenalización o descriminalización, términos que se suelen usar como sinónimos pero que tienen distintos significados aunque todos apuntar a rechazar el prohibicionismo como respuesta válida a una problemática multicausal (1).
Mientras tanto, en países como Filipinas de Duterte o Brasil de Temer, la guerra contra las drogas sigue cosechando muertes y leyes represivas para perpetuar su vigencia aun frente a la evidencia de su ineficacia.
En relación a la reforma aprobada en Brasil ya se han pronunciado diversos actores relacionados con la defensa de los derechos humanos...
Así, María Laura Canineu, directora de Human Rights Watch (HRW) Brasil, calificó como un retroceso para el país la aprobación de esta norma, la cual fue pedida por los militares como una medida de “protección jurídica especial”, en medio de los enfrentamientos con el narco brasileño.
“Como organización de derechos humanos, entendemos que esa justificación de protección especial no tiene absolutamente ningún sentido. Nosotros entendemos que el sistema judicial común ofrece las mismas garantías y no precisa de protección a las fuerzas armadas. Cualquier ciudadano, sea militar o no, está provisto de todos las garantías del debido proceso legal”.
Justamente, desde Human Rights Watch Brasil entienden que uno de los problemas más importantes es que los soldados serán juzgados por el sistema judicial que más les conviene, dado el predominio de elementos de la fuerza armadas en la justicia militar, lo que en la práctica se traducirá en mayores grados de impunidad frente a estos delitos.
“Nosotros entendemos que esta ley es la puerta hacia la impunidad porque los militares serán juzgados por homicidios contra civiles por una justicia que es mayoritariamente formada por militares. La justicia militar, en una primera instancia, son cuatro oficiales militares y solamente un juez civil, es una justicia mucho más favorable a los militares involucrados en crímenes”.
La directora de Amnistía Internacional Brasil, Jurema Werneck, coincidió con HRW en considerar un retroceso para el país a los tiempos de la última dictadura militar brasileña “cuando los militares podían cometer crímenes y esto era asunto sólo de los militares”, por lo que ahora, en democracia, resulta un contrasentido que se adopte esta norma.
Jurema Werneck, además hizo énfasis también en la estigmatización que la llamada guerra contra las drogas genera entre la población pobre del Brasil, lo que sumado a los prejuicios raciales y sociales que la sociedad brasileña arrastra por años, puede ser un caldo de cultivo para la violación de los derechos humanos de las personas que habitan las favelas.
“Esta llamada guerra contra las drogas, siempre las cosas pasan en las comunidades indígenas, de los afrodescendientes, las comunidades de los más pobres. Y si hay un problema de tráfico de drogas, si hay un problema de tráfico de armas no es bajo la idea de guerra que vamos a buscar soluciones, entonces hay una exacerbación de diferentes prejuicios, donde el racismo está muy fuerte, los prejuicios en contra la pobreza y la idea de criminalizar a estos grupos está muy fuerte”
Jurema Werneck reiteró la necesidad que los efectivos militares sean enjuiciados por un sistema independiente, en este caso la justicia civil, y no la justicia militar que además de no ser autónoma, no tiene los conocimientos técnicos para decidir sobre crímenes contra la integridad física de la población civil.
Alexis Cortés, director del programa de Magíster en Sociología de la Universidad Alberto Hurtado y doctorado por la Universidad Estadual de Río de Janeiro, recordó que desde 1996 los delitos cometidos por militares en la guerra contra las drogas eran sancionados como delitos comunes procesados por la justicia civil.
Para Cortés el hecho que militares participen en operativos que debiesen ser propios de la policía regular, ha demostrado no ser eficiente ya que “la situación no ha mejorado por el hecho que hayan intervenido”, al mismo tiempo que se han verificado casos de entrega de armas a bandas criminales por parte de propios efectivos del Ejército brasileño y la policía militar.
“Los militares bajo ninguna circunstancia están capacitados ni entrenados, ni preparados para lidiar con cuestiones de orden público. ellos están preparados para la guerra, para la eliminación de enemigos en condiciones de enfrentamiento directo de esas características, aunque la policía militar brasileña tampoco es de las mejor preparadas, siempre va a ser una cuestión un tanto aberrante el hecho de que los militares tengas que intervenir para cuestiones específicas de orden público”.
El académico de la Universidad Alberto Hurtado sostuvo que este tipo de políticas se debe entender no sólo a partir de la coyuntura política actual, sino que se puede remontar a más largo plazo, y que tiene que ver con la asociación de pobreza con delincuencia, algo tan común en nuestra región.
“Esto viene a ser la guinda de la torta de una política que ha tendido a identificar los territorios de la pobreza con los territorios del crimen, donde se ha aplicado una política de guerra contra el crimen, que más bien se ha traducido en una guerra contra los pobres. Y esto no es de este gobierno, únicamente, estamos en un contexto más autoritario donde un titular de un semanario político lo expresaba de esa manera: Temer garantiza impunidad y además la impunidad de los militares en caso de su convocatoria a la realización de actividades de policía pública”.
Jurema Werneck de Amnistía Internacional Brasil, concluyó que “lo que interesa es mantener un patrón democrático en la justicia brasileña”, y espera que “esta sea una oportunidad para una movilización más grande, para que se analice y se cambie la forma de actuación de las autoridades, de las policías en los temas de tráfico de drogas y armas, y en los temas de respeto a los derechos de las comunidades”.
Desde Human Rights Watch Brasil entienden que uno de los problemas más importantes es que los soldados serán juzgados por el sistema judicial que más les conviene, dado el predominio de elementos de la fuerza armadas en la justicia militar, lo que en la práctica se traducirá en mayores grados de impunidad frente a estos delitos.
Para finalizar, resulta indispensable elaborar alternativas al prohibicionismo y a la represión indiscriminada, reconociendo la complejidad de los temas y de los diferentes actores sociales involucrados, así como de las consecuencias de la guerra contra las drogas.
Ello implica avanzar en políticas innovadoras que, adhiriendo irrestrictamente al principio pro homine y a la progresividad de los derechos humanos, determinen un piso para el abordaje de la problemática de una forma impida la implementación de políticas que terminen debilitando el sistema democrático tales como la aprobada en Brasil.
(1) Las políticas de reducción de daños consisten en una estrategia que trata el consumo de drogas como una cuestión de salud pública, en la cual el dependiente es visto como persona que precisa ser auxiliada en vez de criminal que debe ser castigado. El objetivo inicial de los países que desarrollaron la política de reducción de daños fue reglamentar la distribución de jeringas, agujas y pipas a los usuarios de drogas, con la finalidad de reducir el número de casos de enfermedades como SIDA y hepatitis, cuyo riesgo de contaminación es alto cuando se comparten jeringas. Posteriormente esta política pasó a incluir programas de apoyo y tratamiento de personas dependientes.
La despenalización es definida por Cervini como “el acto de disminuir la pena de un ilícito sin descriminalizarlo, es decir, sin retirar del hecho el carácter de ilícito penal”. O sea, la prohibición legal del uso y porte de estupefacientes continua vigente en el derecho penal, pero el ilícito deja de ser sancionado con la privación de libertad. El problema presentado por la despenalización del consumo, manteniendo su criminalización, es que ella todavía otorga a la autoridad policial un alto poder discrecional. En países donde la corrupción de la fuerza policial es endémica, la criminalización puede ser utilizada para chantajear al usuario de drogas, práctica común en países de América Latina.
La alternativa a la despenalización es la descriminalización, aplicada solamente al consumidor: La descriminalización quita el status de ley criminal de aquellos actos a los cuales se aplica. Eso significa que ciertos actos dejan de constituir transgresiones criminales. Con relación a las drogas, ella generalmente se refiere a la demanda, actos de adquisición, posesión y consumo. Según la descriminalización, aún es ilegal usar, poseer, adquirir o, en algunos casos, importar drogas, pero esos actos dejan de ser crímenes. Sin embargo, todavía pueden ser aplicadas sanciones administrativas; estas pueden ser una multa, suspensión de la licencia de conducir o de porte de armas o sólo una advertencia. A diferencia, la legalización es el proceso de traer al control de la ley una actividad específica que fue previamente ilegal y prohibida o estrictamente reglamentada.
(2) Las negritas son del día de la fecha (16/03/2018) y las puse para incitar al lector a visualizar que el asesinato de Marielle Franco es apenas uno de los primeros casos que merece ser dado a difusión por los medios de comunicación, aunque difícilmente pueda decirse que sea la primer víctima de la aplicación de este tipo de medidas.
